Entrevista a Gastón Soublette - Parte IV: El Conocimiento Científico

12 Theses on Education in the Age of Neoliberalism and Terrorism - Book Excerpt - Truthdig

12 Theses on Education in the Age of Neoliberalism and Terrorism - Book Excerpt - Truthdig

Politicas interculturales. P.S. (Post Scriptum)

Política de Gobierno y Pueblos Originarios de Chile.

Reflexiones estratégicas.

Por Rainer María Hauser Molina.

“Mientras mas probable es un mensaje, menos información entrega. Los clichés y los lugares comunes, iluminan menos que los grandes poemas”.
Norbert Wiener, Cibernética y Sociedad. 1949.

1. Política de Nuevo Trato. Antecedentes y proyecciones.

Bien puede ser que el conjunto de temas de diversa naturaleza que conforman el ámbito de atención de la relación entre los pueblos originarios y la sociedad mayor, sea uno de los asuntos más complejos y de mayor contenido simbólico que enfrenten las sociedades contemporáneas en la era de la globalización. En efecto, podemos inferir que las condiciones de diversidad cultural que implica este “nuevo territorio histórico” (G. Martner: 2004) han sido determinantes para que la sociedad chilena asuma la riqueza de su heterogeneidad cultural interna. En esta perspectiva, la “internacionalización” de la problemática indígena, no es una suerte de “accidente perverso”, como lo entienden algunos, sino su condición inherente y tal vez, la solución de su futuro.

Así, en el ámbito de las políticas públicas, una de las primeras tareas urgentes que debió resolver el gobierno del Presidente Aylwin para insertar a Chile en el concierto internacional, consistió en dotar al país de un marco jurídico y de una institucionalidad adecuada en materia de resguardo medio-ambiental y reconocimiento y fomento de los pueblos originarios. Ambos aspectos no son por cierto tan distintos, siendo las poblaciones originarias, quienes habitaban en los territorios que habrían de abrirse al comercio internacional y a su explotación intensiva. Por otra parte, este punto de articulación entre el interés del mercado y la situación de “quienes allí viven” sigue siendo el principal punto de conflicto en la actualidad.

La historia del contacto entre la Nación chilena y los pueblos originarios, ha sido la historia de la dominación y el genocidio. Esto es necesario considerarlo en primer lugar: si con la dictadura y sus prácticas, los chilenos se dieron cuenta que existían los derechos humanos, aún no nos damos cuenta en plenitud, que los “derechos humanos” de los Pueblos Originarios han sido violados desde el principio del contacto con los europeos y durante toda la historia posterior. Esto ha querido resolverse con el Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que más allá del esfuerzo por reescribir la historia, sugiere medidas específicas de reparación, tal como ocurrió recientemente con el Informe Valech.

Se puede postular –así no sea en tanto hipótesis de trabajo-, que el gobierno de la dictadura marcó el máximo desarrollo posible de una visión integradora a ultranza, con el Decreto Ley que permitía la división individual de las tierras indígenas y el fin de las comunidades en 1978, así como con la “desaparición” de la categoría étnica en el censo de 1982, en el cual no habiendo preguntas que recogieran la pertenencia, todos eran “igualmente” chilenos, lo que a su vez permitía que no hubiere tratamiento específico ni diferenciado del Estado hacia sus habitantes originarios.

Los gobiernos de la concertación han centrado su política de Estado hacia los pueblos originarios alrededor de tres ejes: reconocimiento legal, desarrollo con identidad e institucionalidad adecuada. Como en otras áreas, con la política del “Nuevo Trato”, el presidente Lagos, estaría efectivamente cerrando una etapa institucional y tanto de sus logros como de las tareas pendientes, habría de salir el diseño de la política que orientara la opción del país hacia sus pueblos originarios en el inmediato porvenir. De acuerdo a lo anterior, los lineamientos estratégicos que esta política establece son:

a) Mejorar el nivel de reconocimiento y profundización de los derechos de los pueblos indígenas. Ello fundamentalmente a través de las siguientes medidas:
- Reconocimiento Constitucional.
- Creación de un Consejo de Pueblos Indígenas.
- Implementación de un “Sistema Nacional de Consulta Indígena”.
- Aplicación de la Ley Indígena y modificación de normativas sectoriales contradictorias con ella.
- Fortalecimiento, mejoramiento e institucionalización y ampliación a diez de las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI).
- Reforma de la Ley 16.441 o Ley Pascua, de 1966, para permitir reforma constitucional que permita estatuto de administración especial de Rapa Nui.
- Ratificación del Convenio169 de la OIT.

b) Profundizar las estrategias de desarrollo con identidad, que se basan principalmente en tres componentes: educación intercultural, desarrollo productivo con identidad y reconocimiento de tierras y se aplicaría fundamentalmente a través de:
- Aplicación de la segunda fase del “programa de desarrollo integral de las
Comunidades” u Orígenes.
- Establecimiento de una línea de trabajo en CONADI para fomentar la creación de institutos y centros de investigación indígenas independientes, que contarían con financiamiento público.
- Aplicación de los Planes Territoriales de Desarrollo y mejora de la pertinencia cultural de los instrumentos de desarrollo productivo de INDAP, CORFO, CONAF, SENCE, SERCOTEC (y otros), quienes dispondrán de partidas presupuestarias especiales para beneficiar a comunidades y personas indígenas.
- Restitución de tierras y aguas.

c) Ajustar la institucionalidad pública a la diversidad cultural del país. La adecuación del Estado a la diversidad cultural del país, se contempla en:
- Pertinencia cultural en la acción del Estado: los Ministerios, coordinados por
Mideplan, entregarán al Consejo de CONADI un Plan de Acción Bianual, que contemple medidas en “acceso y gestión de los recursos hídricos; desarrollo y fomento económico y productivo; mejoramiento de infraestructura y equipamiento; protección y promoción de derechos culturales; protección y restauración medio ambiental; acceso a la salud y la educación; regularización de tierras (…) construcción de una línea base para la población indígena urbana y definición de políticas específicas de desarrollo con identidad”. Ello, de acuerdo a las especificidades culturales y regionales de los diversos pueblos originarios.
- Responsabilizar a los intendentes regionales en la promoción, fomento, coordinación y ejecución de esas políticas.
- Institucionalización de la actual Coordinación de Políticas Indígenas con la creación de una Subsecretaría de Asuntos Indígenas, que se convertirá en el articulador de las políticas del Estado en materia indígena. Esto requiere del envío de un Proyecto de Ley.
- Consolidación del total de programas de inversión en comunidades en un presupuesto de gestión integrada, bajo el rol coordinador del subsecretario de Mideplan.
(Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, Secretaría de Comunicación y Cultura, Presidencia de la República. 16.04.04).

Es pertinente anotar que las tareas aquí reseñadas, con que el Presidente Lagos fijó por dos años la Política de Nuevo Trato, tenían en muchos casos, determinados plazos temporales de entrega, ninguno de los cuales –en nuestro conocimiento-, ha sido cumplido. Así por ejemplo, en el ámbito del reconocimiento constitucional, que debió haberse enviado con carácter urgente al parlamento para su votación y aprobación durante el año 2004 y no se hizo, o en cuanto al diseño de una política para los indígenas urbanos, dónde se anunció un diagnóstico para este año y tampoco se ha realizado, o –lo que puede ser más grave aún-, los planes bianuales de acción específicos que para Agosto del 2004, “todos los ministerios habrían de entregar a Mideplan” (remite a la Coordinación de Políticas Públicas, que es presidida por Subsecretario de Planificación y Cooperación, e integrada por los subsecretarios de Justicia, Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, Bienes Nacionales, Educación, Salud, Trabajo y Agricultura).

En síntesis, si uno pudiera encontrar el aspecto más crítico de la acción del Estado hacia los pueblos originarios, en sus contenidos culturales o en la falta de definición conceptual y la carencia de compromiso político alrededor de la “pertinencia cultural”, como lo decimos, resulta particularmente preocupante que ni siquiera en lo “formal” hubiere confiabilidad. Ello tanto por el descrédito histórico que frente a los indígenas se pretende revertir (precisamente con la Política de Nuevo Trato…), como por la aún más difícil tarea que la no realización de tareas comprometidas implica en la continuidad de políticas públicas hacia determinado sector.

2. Datos estadísticos, según el Censo Nacional del año 2002.

Se considera perteneciente a los siguientes pueblos originarios:
(Los porcentajes, refieren al tanto por ciento de la población indígena y no del total país)

1. Alacalufe (Kawashkar)
Hombre: 1.423
Mujer: 1.199
Total: 2.622
%: 0,4
2. Atacameño
Hombre: 10.852
Mujer: 10.163
Total: 21.015
%: 3,0
3. Aymará
Hombre: 24.188
Mujer: 24.313
Total: 48.501
%: 7,0
4. Colla
Hombre: 1.687
Mujer: 1.511
Total: 3.198
%: 0,5
5. Mapuche
Hombre: 304.580
Mujer: 299.769
Total: 604.349
%: 87,3
6. Quechua
Hombre: 3.037
Mujer: 3.138
Total: 6.175
%: 0,9
7. Rapa Nui
Hombre: 2.263
Mujer: 2.384
Total: 4.647
%: 0,7
8. Yámana (Yagán)
Hombre: 876
Mujer: 809
Total: 1.685
%: 0,2
9. Ninguno de los anteriores
Hombre: 7.098.789
Mujer: 7.325.454
Total: 14.424.243

Total población del país
Hombres: 7.447.695
Mujeres: 7.668.740
Total: 15.116.435

Total población indígena 692.210 100 = 4,6% de la población chilena.
(Fuente INE, Censo 2002)

De acuerdo a los criterios de indigencia y pobreza, según pertenencia étnica, los datos de la encuesta CASEN, demuestran que aunque se ha mejorado la situación de los más pobres, la "pobreza étnica" sigue siendo -en términos porcentuales-, mucho más importante que la del resto de la población que no ha reconocido su pertenencia a alguno de los pueblos originarios que contempla la legislación vigente. Vemos la siguiente evolución, entre el 1996 y el 2000.

Si al año 1996, 35,6% de la población indígena vive en condiciones de pobreza -lo que marca unos 12 puntos porcentuales de diferencia con respecto a la población no indígena-, al 2000 se baja al 31,3 %, pero se mantiene una diferencia de 11 puntos con los no indígenas, lo que indica que aunque el tratamiento de la pobreza ha sido efectivo en términos absolutos, no se ha logrado acortar significativamente la brecha que separa a los indígenas de los no indígenas.

Desde la Ley indígena en 1993, que los gobiernos de la concertación han sido llevados a focalizar recursos de ayuda hacia los indígenas en las áreas rurales. Particularmente en las Áreas de Desarrollo Indígena, en el Fondo de Tierras y Aguas y el Fondo de Desarrollo Indígena de CONADI. Sin embargo Según la CASEN 2000, la indigencia entre los pueblos indígenas es de un 8,7 % en medio urbano y de un 14,7 % en medio rural (para un 5,1 % y un 7,5 % respectivamente para los no indígenas), lo que indicaría que pese a sus importantes esfuerzos, sus políticas no han contribuido a mejorar sustantivamente su condición.

De las cifras resulta que en el país, dentro del conjunto de los pobres, existe un sub.-conjunto identificado por su carácter étnico, que está afectado por condiciones de pobreza más agudas que las del resto del país (R. Valenzuela, CEPAL, 2003). Estos criterios implicarían la necesidad de un tratamiento más preciso de los temas socioculturales involucrados, particularmente en lo referido a la “pertinencia cultural”.

De tal manera, las políticas de gobierno hacia los pueblos originarios, se han orientado a la población indígena rural. Pese a la gran concentración de la pobreza en zona rural, no debiera haber estado ajeno a la estrategia de los gobiernos de la concertación al dirigir fundamentalmente hacia el mundo rural como una manea de apoyar la preservación de la cultura indígena. Así, tanto en el imaginario colectivo, como con la focalización de recursos que permiten las políticas vigentes, el centro de atención es la población indígena rural, que vive en las comunidades. De unas 3.000, existentes en todo el país, 2.300 han sido reconocidas con personalidad jurídica. El programa Orígenes ha focalizado recursos sobre 642 en su primera fase y el Presidente Lagos ha anunciado una selección de 700 para la segunda fase, que ha de empezar el 2005, aunque su diseño –y entonces criterios de selección-, no se ha realizado a la fecha.

Datos relevantes de población indígena (etnias), según el Censo del 2002.
En Chile, el 4,6% de la población dijo pertenecer a uno de los ocho pueblos considerados en la Ley Indígena. El pueblo Mapuche es el más numeroso, representa el 87,3% del total de los indígenas.
La población indígena, presenta una menor proporción de adultos mayores que la que presenta la población no indígena y, de ellos, son más mujeres que hombres.
La población indígena presenta mayor proporción de personas que habita en las zonas rurales que la población no indígena.
La mujer indígena rural tiene en promedio un hijo más que la mujer indígena urbana. La principal diferencia entre la migración indígena y no indígena, radica en que mientras la Capital se erige como el polo de atracción más significativo para la población indígena, para los no indígenas, constituye la región de expulsión más importante
Más de la mitad de la población indígena y no indígena de 15 años y más, se encuentra en situación de pareja mediante una unión civil o de hecho.
La proporción de personas que profesan la religión evangélica es mayor en la población indígena que en la no indígena, e inversamente, la proporción de personas que profesan la religión católica es mayor en la población no indígena que en la indígena.
La población indígena se distribuye según zona geográfica, en 35,2% rural y 64,8% urbana. La concentración de población indígena en zonas rurales es más elevada que la que presenta la población no indígena.(12,4% rural y 86,6% urbana).
(Fuente: INE).

3. Observaciones y sugerencias.

Mención especial debe ser aún hecha al tema del reconocimiento constitucional del Convenio 169 de la OIT, que aunque incorporado como la primera demanda a satisfacer desde el principio de los gobiernos de la transición –y regularmente desde entonces hasta la última intervención del presidente Lagos en abril del 2004-, no ha podido contar aún con el apoyo político necesario para ser aprobado en las cámaras de representantes. Este tema no aparece por azar en la continuidad de la agenda política (ni es por ese motivo que no se logre consenso en el Congreso Nacional): si por una parte implica el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos, por sobre los derechos individuales actualmente vigentes, es por otra parte un tema reconocido como imperativo y recurrente entre los indígenas y sus dirigentes, conscientes de que su ratificación permitiría asentar la discusión sobre otra serie de cuestiones relativas a la “autodeterminación” y los “territorios”.

Otro punto que debe merecer nuestra atención remite al tema de la “pertinencia cultural” que en realidad no está siendo debidamente considerado por las distintas instituciones encargadas de la implementación de la política indígena y tal vez, porque no existe suficiente claridad teórica acerca de lo que signifique más allá del aspecto puramente declarativo. En efecto, solo se podría encontrar un desarrollo “intercultural” importante en el ámbito de la educación, dónde existen algunos programas de educación superior, maestrías y diplomados internacionales, así como políticas gubernamentales que recogen el tema con cierta consistencia. Sin embargo, es necesario señalar que la “interculturalidad bilingüe” solo remite a los aspectos mas formales de la lengua y que hasta le fecha no se han desarrollado programas consistentes en lo que concierne a los contenidos. Tal vez sea aquí el “educador quien requiera ser educado”, pero sin duda que la atracción que genera una lengua originaria, raramente trasciende los límites de algunos intereses locales o ciertos especialistas que encuentran en esas localidades un foco probable de ejercicio laboral.
Cabe señalar, en todo caso, que 72,2% de la población que se declara indígena reconoce no hablar ni entender su lengua originaria (Casen 2000).

El “desarrollo con identidad”, o la producción con “pertinencia cultural”, parece difícilmente probable, si no se realiza primero un esfuerzo gigantesco por consensuar en que áreas, en que medida y bajo que condiciones de replicabilidad científicamente apropiadas, se puede “rescatar” primero, el conjunto eventual de prácticas consuetudinarias que hubieren demostrado su eficiencia productiva (así sea esta meramente cultural o simbólica), para poder ser luego difundidas y aplicadas en otros lugares. La experiencia del programa Orígenes, indicaría que pese a poner un acento cuantitativo importantísimo en el aspecto productivo, ha sido muy menor la “pertinencia cultural” y que las “estrategias participativas” desarrolladas, por fieles que fueren a su principios y por mucho que hubieren recogido la opinión directa de los involucrados, poco habrían colaborado a la realización de planes productivos que reflejaran una “pertinencia cultural”. Si una comunidad, por ejemplo, decide que necesita comprar un tractor para aumentar su producción, el programa se verá enfrentado a la disyuntiva de comprarlo y entregárselo, o de declarar su no-pertinencia, cuestión que en rigor no puede hacer porque primará en este sentido la toma de decisión de la comunidad, porque no se ha desarrollado un proceso de clarificación conceptual al interior del propio programa y finalmente porque en virtud de lo anterior, nadie está muy convencido que haya razones válidas que permitan sustentar una práctica arcaica. Ni siquiera los propios indígenas. Por lo tanto la comunidad, en la medida de los recursos tendrá el tractor, pero ¿se habrá mantenido aquí el principio de la “pertinencia cultural”?. Cuando a través del programa de interculturalidad bilingüe se le hace entrega a la escuela de una comunidad de un reproductor de videos o de un juego de “loto” en lengua aymará (estos dos ejemplos son reales) ¿se está colaborando a la identidad de la cultura?..

Pareciera que hay algunas cuestiones de orientación política que ya han sido “resueltas” y sobre las cuales no se ha de volver. Por ejemplo, todo pareciera indicar que la decisión de generar recursos que fueran en apoyo diferenciado y específico, vale decir “focalizado y con pertenencia cultural”, hacia las comunidades, arrojará –en el mejor de los casos-, ciertos resultados de “conservación cultural” que no sería de interés revertir. Falta saber si estas políticas se complementarán con nuevas etapas que consideren la retroalimentación de estas situaciones con experiencias similares provenientes de experiencias a realizar en las ciudades (el presidente lo habría así sugerido al plantear las tareas del Nuevo Trato), o si se llegará a una concepción próxima a las “zonas de refugio” (A.Beltrán) o de “control cultural” (Bonfill-Batalla). En este sentido, de concentrar las culturas originarias en zonas o territorios acotados, se pueden concebir también las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI), que de seis aumentarán a diez -según anunció el Presidente Lagos-, y que en distintas regiones del país, comprenden aproximadamente un 10% de la población indígena rural.

Población indígena en las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI)

I Región ADI Jiwasa Oraje 3.756
II Región ADI Atacama la grande 1.800
IX Región ADI Budi 8.360
VIII Región ADI Alto Bío-Bío 4.930
VIII Región ADI Lago LLeu-Lleu 2.626
II Región ADI Alto el Loa 1.210
Total 22.682 personas

A la imagen del mundo académico en que la “interdisciplinariedad” debe dar paso a una visión “transdisciplinaria” (E.Morin), podría ser conveniente marcar las diferencias con lo que hasta aquí ha sido hecho en el (mejor) ámbito de las políticas públicas, pasando de la “interculturalidad” a la “transculturalidad”. Básicamente las diferencias entre los términos apuntan a que el primero remite a la participación de culturas diferentes en una temática común, mientras que la transculturalidad, implica la generación de capacidades en conjunto, desde un inicio formativo. Si dijéramos que el primer término apunta al contacto, el segundo refiere a la fusión.

No parecería imaginable que la sociedad se marginara en un presente inmediato del paradigma de la educación, por superado que este estuviere (E.Todd) y que este principio del acento educativo dejara de aplicarse a los pueblos originarios. Sin embargo, diríamos que se hace necesario un esfuerzo por incorporar decididamente a los profesionales provenientes de los pueblos originarios a una capacitación superior que tuviere referentes que vincularan la planificación regional con la preparación en universidades y centros de capacitación en el extranjero. Las “becas indígenas”, habrían de ampliarse al espacio internacional y sin duda que el nuevo escenario internacional abierto con la firma de tratados de libre comercio, debiera explorarse en este sentido, para multiplicar los horizontes multiculturales mucho mas allá de las fronteras con que se han asociado tradicionalmente nuestros pueblos originarios. Esta idea no remite solamente a la superación de los límites del espacio geográfico tradicional, limitado a L.A., sino que también a las ideologías “indigenistas”. Tema de estudio y que supondrá la firma de convenios culturales de cooperación, se demostraría particularmente provechoso. De particular importancia nos parece explorar en este sentido el intercambio con China, dónde hay 56 nacionalidades, cuatro regiones autónomas y una particular sensibilidad hacia la cultura y sus dinámicas.

Se ha logrado que en las etapas de toma de decisiones, a los distintos niveles, haya dirigentes indígenas. Ello es ciertamente muy bueno, pero como los temas a tratar requieren cada vez de mayor especialización y conocimiento científico, no basta. Es necesario dar un paso más allá en la preparación integral de profesionales indígenas. El instituto de Estudios Indígenas anunciado por el presidente, también contribuiría a sentar una nueva política educativa abierta a nuevos horizontes.

Esta época marcada por una “gran densidad del imaginario”. (G.Durand, Introduction a la Myhtodologie, 1996) implica una serie de cuestiones semánticas, que empiezan a hacerse presentes con inusitada fuerza en sectores cada vez más amplios de la población -posiblemente alejados de la política tradicional-, y que paradojalmente pueden estar siendo vehiculadas por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (P.Lévy, Les Technologies de l´intelligence. 1994; Tim Jordan, Cyberpower.1999; A.Herman. The World Wide Web. 2000), lo que indicaría una atención particular a la gestión del conocimiento en las políticas públicas orientadas a los pueblos originarios y a la interacción de estos con las nuevas tecnologías

4. Fuentes y Bibliografía.

J.Bengoa, Historia de un conflicto, mapuches en el siglo XX. Planeta 1999.
A.Saavedra, Los Mapuche en la sociedad chilena actual. LOM, 2002.
R.Valenzuela, Inequidad, ciudadanía e indígenas en Chile. CEPAL, División de Desarrollo Social. Serie Políticas Sociales nº 76. 2003.
Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas. Octubre 2003.
Nuevo Trato con Los Pueblos Indígenas. Presidencia de la República. Abril 2004.
http://www.mideplan.cl/ Es la página web de la Coordinación de Política Indígena. Tan pobre en información relevante y actualizada, que si se tomara por referente del interés real que se dedica institucionalmente al tema, creeríamos que nadie se preocupa. Por ejemplo,.pese a que la página de Mideplan tiene los resultados de la ficha Casen 2002 en línea, se destaca la ausencia de información relevante actualizada respecto a población indígena, o la ausencia completa de documentos en la sección homónima.
www.ine.cl. El completo sitio del Instituto Nacional de Estadísticas. Algunos cruces de variables que remiten al identificador “etnias” (¿existe en Chile la Ley de Etnias?...)
Un resumen de algunos sitios dedicados a Mapuches, tanto en el ámbito nacional como internacional, se encuentra en el sitio www.serindigena.cl.
www.navarro.cl El sitio web del diputado Alejandro Navarro (PS) es el más completo encontrado en el medio y aunque peca de exceso de temas, posee buena información (que en virtud de lo anterior, puede perderse...) Llama la atención que pese a su destacada “proximidad” a los Pueblos Originarios, se encuentran asimismo extensos comentarios y documentos de la Ley de Cultos, pero son evangélicos… sin mención ninguna a la injustificable exclusión de las religiones autóctonas. En todo caso, el sitio del compañero Navarro, cuenta con todos los informes de los grupos de trabajo de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas, lo que es notable.

R.M.H. /

Diciembre, 2004.